De la desaparición a la fosa clandestina
La impunidad que beneficia a los perpetradores de desapariciones auspicia la práctica de ese delito y su frecuente secuela, el homicidio, de que es abrumadora muestra lo que ocurre en San Fernando
Miguel Ángel Granados Chapa
Ciudad de México, México (17-Abr-2011).- 04:40 AM
Hasta el sábado a mediodía se han encontrado 145 cadáveres en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Pero el número de muertos en la región debe ser mucho mayor, si se considera que 350 personas han solicitado examen de ADN a fin de que se coteje con el de los cuerpos encontrados, y que en la central de autobuses de Matamoros yacen 400 maletas abandonadas, cuyos propietarios no las han reclamado.
Y es que el horror de los cementerios que arrojan cada día más y más cadáveres fue precedido por las tragedias, denunciadas por familiares de personas que cruzaban San Fernando para llegar a la frontera, y que no llegaron a su destino. Algunas de estas denuncias son antiguas: datan de febrero, de abril, de octubre de 2010. Otras son más recientes, de marzo pasado. Pero ninguna fue atendida, ni en los lugares de donde partieron quienes después serían víctimas, ni en Tamaulipas, en cuyas carreteras se produjo la desaparición. No únicamente los deudos de los afectados fueron desatendidos. Los procuradores de varias entidades, lugar de origen de los viajes interrumpidos, tampoco recibieron respuesta de las autoridades tamaulipecas.
Esa indolencia no es privativa de esa entidad. Ante las varias formas de privación ilegal de la libertad que se asestan a cientos, miles de personas, nadie en ningún gobierno se conmueve. Y por lo tanto nadie, en ningún gobierno, actúa para localizar a los desaparecidos. Ése es el caso, prototípico, desgarrador, de Ascensión Candia, cuyo hijo Emmanuel, de 18 años, salió de su casa en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Iba a comprar un refresco, para cenar. Y nunca más volvió. Se supo que él y cinco muchachos más (peones de albañil, ayudantes de electricista, uno vendedor de ropa) fueron subidos a una camioneta y a un automóvil por un grupo de hombres con armas largas. A sus familias les costó trabajo denunciar la desaparición. En la policía municipal se les dijo que "mejor nos regresáramos a la casa, que dejáramos las cosas en paz, porque había sido un levantón". En el Ministerio Público la respuesta fue que "no nos podían ayudar porque no había elementos" y que de plano "los diéramos por muertos".
Luego pasó el tiempo: "Esperábamos que vinieran a preguntarnos cómo habían sido las cosas, qué había pasado, si habían tenido problemas antes, si algún familiar se dedicaba a algo malo... Pero nunca hubo preocupación de nada". Y tampoco se averiguó la causa de su muerte: los cuerpos de los seis levantados aparecieron bajo un puente, "uno sobre otro, vestidos con shorts y playera, atados de pies y manos, con pelotas de goma dentro de la boca, sujetas por una venda" (Reforma, 15 de abril).
La impunidad que beneficia a los perpetradores de desapariciones auspicia la práctica de ese delito y su frecuente secuela, el homicidio, de que es abrumadora muestra lo que ocurre en San Fernando. En agosto del año pasado en ese mismo municipio fueron hallados los cadáveres de 72 migrantes, que desde Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala viajaban hacia la frontera con Estados Unidos. En las fosas halladas en abril aparecieron sobre todo mexicanos, no todos los cuales pretendían internarse en territorio norteamericano, sino adquirir en alguna ciudad de aquel lado vehículos de modelo viejo, desechados y por ello a buen precio.
Así fue asesinado, hace muchos años, Antonio Vargas Hernández, pachuqueño, miembro de la generación 1960 de la escuela nacional de ciencias políticas y sociales. En aquel entonces la CNC ofrecía permisos especiales para importar vehículos de trabajo y él viajó a Matamoros, con la ilusión de encontrar en Brownsville una camioneta pick up con que realizar uno de los muchos sueños con que se entusiasmaba. Lo mataron para despojarlo del dinero con el que haría su compra. Nunca se realizó indagación alguna sobre ese homicidio.
Ese caso particular y el conocimiento histórico permiten saber que la violencia criminal en Tamaulipas ha resultado de la complicidad entre delincuentes y autoridades, que hasta brindaban consideraciones a los jefes de la mafia que al paso de los años se convirtió en eje de la delincuencia orga- nizada. Juan Nepo- muceno Guerra, uno de esos practicantes de negocios ilícitos (contrabando de alcohol a Estados Unidos durante la Prohibición, de drogas en sentido inverso después), creó la ban- da originalmente conocida como cártel de Matamoros, en cuya ampliación cambió de nombre para llamarse cártel del Golfo.
La presencia ni siquiera disfrazada del crimen organizado en Tamaulipas se acrecentó durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, del grupo de amigos del presidente Carlos Salinas, y durante el siguiente, encabezado por Tomás Yarrington, y el siguiente, el de Eugenio Hernández, que está de regreso de unas prolongadas vacaciones después de haber entregado el gobierno estatal a Egidio Torre Cantú.
Éste llegó a la gubernatura porque su hermano Rodolfo, que era el candidato del PRI a ese puesto, fue asesinado el 28 de junio del año pasado, unos días antes de las elecciones. Apenas hubo tiempo para registrar al actual gobernador a fin de que el PRI no perdiera esa plaza. Pero como tampoco lo hizo su antecesor, Torre Cantú no gobierna. Al contrario, parece pasmado ante las evidencias o las intuiciones del poder que privó de la vida a su hermano en un crimen que después de nueve meses permanece impune.
Podría ocurrir lo mismo con las matanzas de San Fernando, la descubierta en agosto y la de hora. Para dar la impresión que no sería así, la procuradora Marisela Morales informó del caso el miércoles pasado. No tiene idea siquiera de la comarca a que se re- fiere. Llamó "poblado" a San Fernando, municipio que según el censo 2010 tiene 58 mil habitantes, de los cuales 30 mil viven en la cabecera municipal, del mismo nombre. Anunció que se ha detenido a 17 personas, a las que no se consignó ante la justicia penal sino sólo se les arraigó, situación jurídica que el Ministerio Público solicita cuando carece de evidencia sólida sobre las imputaciones que pretende hacer. Y anunció la identificación de cuatro presuntos delincuentes más, por cuya cabeza ofreció recompensas millonarias. Por información que conduzca a la localización, detención y/o aprehensión de El Ardilla y El Kilo, la PGR pagará hasta 15 millones de pesos. Hasta 10 por El Coyote. Y hasta 5 por La Muñeca. El Kilo salió ayer mismo de esta oferta, pues su captura fue anunciada por el almirante Saynes, secretario de Marina.
La procuradora también dio cuenta de la detención, sin precisar su situación jurídica, de 16 miembros de la policía municipal de San Fernando, "quienes presuntamente colaboraban dando protección al grupo delictivo denominado 'Los Zetas' y que encubrieron a los responsables que perpetraron el multihomicidio".
Las detenciones fueron practicadas por militares, cuya presencia aumentó en Tamaulipas a raíz de la matanza de agosto, y crecerá aún más en estos días. La actuación castrense ha generado actos doblemente reprobables como el ataque a la familia Almanza Salazar, ocurrido hace un año, donde murieron a balazos dos niños, luego de lo cual se montó un escena para exculpar al Ejército. El miércoles pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una queja sobre hechos producidos el 1o. de marzo anterior, en que las víctimas fueron agentes de la policía municipal de Nuevo Laredo, dos de ellas mujeres, una de las cuales resultó herida.
De acuerdo con la comisión civil local de derechos humanos que presentó la queja, los oficiales de la dirección de seguridad ciudadana resguardaban una propiedad asegurada por la PGR. Sin causa aparente, militares que circulaban en una camioneta pick up dispararon contra la patrulla donde se hallaban los agentes municipales y en la cual buscaron alejarse del tiroteo. Los miembros del Ejército continuaron disparando y una de las policías municipales quedó herida. En ese momento el agente que manejaba detuvo la patrulla, bajó del vehículo, pidió a los militares que dejaran de disparar y les informó de su compañera herida. Los soldados comprobaron que así era, y se retiraron en sentido opuesto al que siguió la patrulla hasta llegar a un hospital para la atención de la víctima.
Como lo enseña la detención de los agentes de San Fernando, las corporaciones municipales están bajo sospecha. Quizá igual motivo causó el atentado en Nuevo Laredo. Sea de ello lo que fuere, las autoridades aparecen como parte del problema, no de la solución a las tribulaciones tamaulipecas.
miguelangel@granadoschapa.com
La impunidad que beneficia a los perpetradores de desapariciones auspicia la práctica de ese delito y su frecuente secuela, el homicidio, de que es abrumadora muestra lo que ocurre en San Fernando
Miguel Ángel Granados Chapa
Ciudad de México, México (17-Abr-2011).- 04:40 AM
Hasta el sábado a mediodía se han encontrado 145 cadáveres en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Pero el número de muertos en la región debe ser mucho mayor, si se considera que 350 personas han solicitado examen de ADN a fin de que se coteje con el de los cuerpos encontrados, y que en la central de autobuses de Matamoros yacen 400 maletas abandonadas, cuyos propietarios no las han reclamado.
Y es que el horror de los cementerios que arrojan cada día más y más cadáveres fue precedido por las tragedias, denunciadas por familiares de personas que cruzaban San Fernando para llegar a la frontera, y que no llegaron a su destino. Algunas de estas denuncias son antiguas: datan de febrero, de abril, de octubre de 2010. Otras son más recientes, de marzo pasado. Pero ninguna fue atendida, ni en los lugares de donde partieron quienes después serían víctimas, ni en Tamaulipas, en cuyas carreteras se produjo la desaparición. No únicamente los deudos de los afectados fueron desatendidos. Los procuradores de varias entidades, lugar de origen de los viajes interrumpidos, tampoco recibieron respuesta de las autoridades tamaulipecas.
Esa indolencia no es privativa de esa entidad. Ante las varias formas de privación ilegal de la libertad que se asestan a cientos, miles de personas, nadie en ningún gobierno se conmueve. Y por lo tanto nadie, en ningún gobierno, actúa para localizar a los desaparecidos. Ése es el caso, prototípico, desgarrador, de Ascensión Candia, cuyo hijo Emmanuel, de 18 años, salió de su casa en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Iba a comprar un refresco, para cenar. Y nunca más volvió. Se supo que él y cinco muchachos más (peones de albañil, ayudantes de electricista, uno vendedor de ropa) fueron subidos a una camioneta y a un automóvil por un grupo de hombres con armas largas. A sus familias les costó trabajo denunciar la desaparición. En la policía municipal se les dijo que "mejor nos regresáramos a la casa, que dejáramos las cosas en paz, porque había sido un levantón". En el Ministerio Público la respuesta fue que "no nos podían ayudar porque no había elementos" y que de plano "los diéramos por muertos".
Luego pasó el tiempo: "Esperábamos que vinieran a preguntarnos cómo habían sido las cosas, qué había pasado, si habían tenido problemas antes, si algún familiar se dedicaba a algo malo... Pero nunca hubo preocupación de nada". Y tampoco se averiguó la causa de su muerte: los cuerpos de los seis levantados aparecieron bajo un puente, "uno sobre otro, vestidos con shorts y playera, atados de pies y manos, con pelotas de goma dentro de la boca, sujetas por una venda" (Reforma, 15 de abril).
La impunidad que beneficia a los perpetradores de desapariciones auspicia la práctica de ese delito y su frecuente secuela, el homicidio, de que es abrumadora muestra lo que ocurre en San Fernando. En agosto del año pasado en ese mismo municipio fueron hallados los cadáveres de 72 migrantes, que desde Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala viajaban hacia la frontera con Estados Unidos. En las fosas halladas en abril aparecieron sobre todo mexicanos, no todos los cuales pretendían internarse en territorio norteamericano, sino adquirir en alguna ciudad de aquel lado vehículos de modelo viejo, desechados y por ello a buen precio.
Así fue asesinado, hace muchos años, Antonio Vargas Hernández, pachuqueño, miembro de la generación 1960 de la escuela nacional de ciencias políticas y sociales. En aquel entonces la CNC ofrecía permisos especiales para importar vehículos de trabajo y él viajó a Matamoros, con la ilusión de encontrar en Brownsville una camioneta pick up con que realizar uno de los muchos sueños con que se entusiasmaba. Lo mataron para despojarlo del dinero con el que haría su compra. Nunca se realizó indagación alguna sobre ese homicidio.
Ese caso particular y el conocimiento histórico permiten saber que la violencia criminal en Tamaulipas ha resultado de la complicidad entre delincuentes y autoridades, que hasta brindaban consideraciones a los jefes de la mafia que al paso de los años se convirtió en eje de la delincuencia orga- nizada. Juan Nepo- muceno Guerra, uno de esos practicantes de negocios ilícitos (contrabando de alcohol a Estados Unidos durante la Prohibición, de drogas en sentido inverso después), creó la ban- da originalmente conocida como cártel de Matamoros, en cuya ampliación cambió de nombre para llamarse cártel del Golfo.
La presencia ni siquiera disfrazada del crimen organizado en Tamaulipas se acrecentó durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, del grupo de amigos del presidente Carlos Salinas, y durante el siguiente, encabezado por Tomás Yarrington, y el siguiente, el de Eugenio Hernández, que está de regreso de unas prolongadas vacaciones después de haber entregado el gobierno estatal a Egidio Torre Cantú.
Éste llegó a la gubernatura porque su hermano Rodolfo, que era el candidato del PRI a ese puesto, fue asesinado el 28 de junio del año pasado, unos días antes de las elecciones. Apenas hubo tiempo para registrar al actual gobernador a fin de que el PRI no perdiera esa plaza. Pero como tampoco lo hizo su antecesor, Torre Cantú no gobierna. Al contrario, parece pasmado ante las evidencias o las intuiciones del poder que privó de la vida a su hermano en un crimen que después de nueve meses permanece impune.
Podría ocurrir lo mismo con las matanzas de San Fernando, la descubierta en agosto y la de hora. Para dar la impresión que no sería así, la procuradora Marisela Morales informó del caso el miércoles pasado. No tiene idea siquiera de la comarca a que se re- fiere. Llamó "poblado" a San Fernando, municipio que según el censo 2010 tiene 58 mil habitantes, de los cuales 30 mil viven en la cabecera municipal, del mismo nombre. Anunció que se ha detenido a 17 personas, a las que no se consignó ante la justicia penal sino sólo se les arraigó, situación jurídica que el Ministerio Público solicita cuando carece de evidencia sólida sobre las imputaciones que pretende hacer. Y anunció la identificación de cuatro presuntos delincuentes más, por cuya cabeza ofreció recompensas millonarias. Por información que conduzca a la localización, detención y/o aprehensión de El Ardilla y El Kilo, la PGR pagará hasta 15 millones de pesos. Hasta 10 por El Coyote. Y hasta 5 por La Muñeca. El Kilo salió ayer mismo de esta oferta, pues su captura fue anunciada por el almirante Saynes, secretario de Marina.
La procuradora también dio cuenta de la detención, sin precisar su situación jurídica, de 16 miembros de la policía municipal de San Fernando, "quienes presuntamente colaboraban dando protección al grupo delictivo denominado 'Los Zetas' y que encubrieron a los responsables que perpetraron el multihomicidio".
Las detenciones fueron practicadas por militares, cuya presencia aumentó en Tamaulipas a raíz de la matanza de agosto, y crecerá aún más en estos días. La actuación castrense ha generado actos doblemente reprobables como el ataque a la familia Almanza Salazar, ocurrido hace un año, donde murieron a balazos dos niños, luego de lo cual se montó un escena para exculpar al Ejército. El miércoles pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una queja sobre hechos producidos el 1o. de marzo anterior, en que las víctimas fueron agentes de la policía municipal de Nuevo Laredo, dos de ellas mujeres, una de las cuales resultó herida.
De acuerdo con la comisión civil local de derechos humanos que presentó la queja, los oficiales de la dirección de seguridad ciudadana resguardaban una propiedad asegurada por la PGR. Sin causa aparente, militares que circulaban en una camioneta pick up dispararon contra la patrulla donde se hallaban los agentes municipales y en la cual buscaron alejarse del tiroteo. Los miembros del Ejército continuaron disparando y una de las policías municipales quedó herida. En ese momento el agente que manejaba detuvo la patrulla, bajó del vehículo, pidió a los militares que dejaran de disparar y les informó de su compañera herida. Los soldados comprobaron que así era, y se retiraron en sentido opuesto al que siguió la patrulla hasta llegar a un hospital para la atención de la víctima.
Como lo enseña la detención de los agentes de San Fernando, las corporaciones municipales están bajo sospecha. Quizá igual motivo causó el atentado en Nuevo Laredo. Sea de ello lo que fuere, las autoridades aparecen como parte del problema, no de la solución a las tribulaciones tamaulipecas.
miguelangel@granadoschapa.com
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