Nuevo proyecto de nacion

Nuevo proyecto de nación
Lo cierto es que el enfoque histórico y filosófico que permea al proyecto es una aportación al debate político, que suele estar no sólo limitado a la diatriba personal sino basado en un pragmatismo tan cercano al cinismo
Miguel Ángel Granados Chapa
Ciudad de México, México (24-Abr-2011).- 05:10 AM
Con jovial provocación, Alonso Lujambio ha pedido a Enrique Peña Nieto que salga a debatir. Por su tono, parece que inquiere no qué piensa el gobernador del Estado de México, sino si lo hace. En la misma línea, y con el mismo destinatario, aunque de otro modo, Manlio Fabio Beltrones ha retomado en el PRI la propuesta de don Jesús Reyes Heroles ante la sucesión presidencial de 1976: primero el programa, luego el hombre. Además de que cada uno de ellos busca situar su propio activismo en un terreno en que llevarían ventaja, responden a una exigencia social sobre la necesidad de conocer qué propuestas específicas y concretas estarán en juego en la elección presidencial del próximo año. Corre en tal sentido, igualmente, la propuesta, que acaso se convierta en modificación al Código electoral, de un grupo de ciudadanos (Héctor Aguilar Camín, Miguel Alemán Velasco, Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Diego Valadés y José Woldenberg) de sustituir el espacio dedicado a transmitir inútiles y hasta molestos spots en programas de debate público sobre los proyectos que los partidos y los candidatos presenten durante la campaña electoral del 2012.

Hasta ahora, sólo hay un documento programático preparado con tal propósito. Es el Nuevo proyecto de nación para lograr el renacimiento de México, enarbolado por Andrés Manuel López Obrador pero a cuya preparación acudieron expertos, intelectuales y académicos, algunos de los cuales trabajaron al lado del ex candidato presidencial en el gobierno capitalino y tras su proclamación como presidente legítimo forman parte de su gabinete. Otros no han tenido tal cercanía con la persona pero sí con las ideas que en ese proyecto se exponen.

El documento, que en forma de libro circula desde hace un mes, es la continuación, la puesta al día, del Proyecto alternativo de nación presentado por López Obrador como propuesta de su candidatura en la elección presidencial de 2006. En los años siguientes, mientras el ex jefe de Gobierno se movía por todo el país, primero encabezando protestas específicas y después preparando el nacimiento y la expansión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se actualizó aquel documento. La nueva versión fue presentada en julio pasado y sometida a partir de entonces a una amplia consulta nacional. Con ese propósito se realizaron 100 foros estatales, regionales y temáticos, así como mesas de análisis, conferencias y círculos de estudio en toda la República.

El cúmulo de aportaciones hechas a la propuesta dio lugar a la versión definitiva, de que se hicieron responsables 36 autores, ninguno de los cuales redactó una porción específica propia. El resultado de todo el proceso es una creación colectiva, en cuya confección final figuran Armando Bartra, José Eduardo Beltrán, Jaime Cárdenas, Luciano Concheiro, Arnaldo Córdova, Agustín Díaz Lastra, Héctor Díaz Polanco, Laura Esquivel, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Antonio Gershenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, Adolfo Hellmund, Asa Cristina Laurel, Luis Linares Zapata, Bertha Luján, Ignacio Marván, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Juan José Paullada, Martha Pérez Bejarano, José María Pérez Gay, Elena Poniatowska, Rogelio Ramírez de la O, Octavio Romero Oropeza, Eréndira Sandoval, Julio Scherer Ibarra, Enrique Semo, Claudia Sheinbaum, Raquel Sosa, Víctor Suárez, Carlos Tello, Víctor Manuel Toledo y Héctor Vasconcelos. El coordinador fue Jesús Ramírez Cuevas.

En su texto de presentación, López Obrador afirma que, sin lugar a dudas, "México necesita de manera urgente un cambio de rumbo" una transformación profunda llevada a cabo "por la vía pacífica y con la participación de la gente". Añade que este proyecto y el movimiento del que es bandera "en esencia se proponen un cambio del todo nuevo, alejado de la política de pillaje, de la explotación irracional de los recursos y de la concentración desmedida de la riqueza a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos. En este texto se da respuesta a quienes por desconocimiento o conveniencia sostienen que 'no hay de otra' y pretenden mantener el actual modelo neoliberal a pesar de la destrucción del país reflejada en la pérdida de oportunidades, empobrecimiento, in- seguridad, violencia y desesperanza".

Puesto que no es candidato presidencial, sino cabeza de un movimiento social y propulsor del nuevo proyecto, que ha hecho suyo, López Obrador explica la vinculación entre ambos factores.

"Este Nuevo proyecto de nación se presenta al mismo tiempo que se construye, desde abajo y con la gente, un movimiento para la regeneración nacional. De esa forma, se busca poner en correspondencia el pensamiento con la acción, las ideas y el trabajo que realizan millones de mexicanos, mujeres y hombres, para trasformar el país. Este proyecto está concebido para que lo pongan en práctica todos aquellos mexicanos comprometidos con el país, con el bienestar de la población, con valores morales solidarios y fraternos, con ideas a favor de la democracia, la justicia, la libertad y la defensa de la soberanía nacional".

Termina haciendo un anuncio de los que molestan a quienes critican su empecinamiento en el tema, y lo suponen capaz de romper cualquier acuerdo, sin reparar en que esta expresión no es individual sino colectiva y en que no ha llegado el momento en que se ponga a prueba su congruencia:

"Como representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), hago el compromiso no sólo de postular este proyecto sino de llevarlo a la práctica cuando instauremos un gobierno del pueblo y para el pueblo".

Además de la presentación y la in- troducción a cargo del coordinador Ra- mírez Cuevas, el pro- yecto contiene 10 ca- pítulos: Promover la revolución de las con- ciencias y el pensamiento crítico; El Es- tado al servicio del pueblo y de la nación; Democratizar el acceso a los medios de comunicación; Por una ética republicana y el combate a la corrupción; Crear una nueva economía: Combatir los monopolios; Abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia; El sector energético, palanca del desarrollo nacional; El campo y la soberanía alimentaria; y El Estado de Bienestar y el derecho a la felicidad.

Aunque el enunciado de algunos de esos capítulos podrían sugerir textos distanciados de la realidad, más cercanos a los buenos deseos que a propuestas de gobierno, lo cierto es que el enfoque histórico y filosófico que permea al proyecto es una aportación al debate político, que suele estar no sólo limitado a la diatriba personal sino basado en un pragmatismo tan cercano al cinismo que es posible no percibir la frontera entre ambas actitudes.

Las propuestas del proyecto están basadas en diagnósticos originales que entran en el fondo de las cuestiones que abordan. Y a partir de la detección de los elementos que juegan en una situación, se proponen los modos de superar los hechos diagnosticados. Por citar sólo un ejemplo, nos detenemos un momento en la corrupción, tenido por todos como un fenómeno que debe ser extirpado. Se trata de un terreno en que la acción gubernamental debe propiciar rendimientos económicos pero sobre la base de la ética republicana. No se exponen melosas consideraciones sobre el bien y el mal, sino que se diagnostica ese fenómeno desde una perspectiva estructural, sistémica: "Tradicionalmente los programas de combate a la corrupción en México suelen partir de dos supuestos equivocados: por un lado, se entiende la corrupción como un fenómeno relativamente homogéneo que se puede combatir mediante estrategias púnicas o generales. Por otro lado, los programas actuales enfatizan en los actores más vulnerables en términos políticos, o en los elementos menos agresivos de la corrupción, por ejemplo los ciudadanos en el fenómeno de la mordida".

Este nuevo proyecto de nación es la primera aportación programática al debate público. Sus autores y su impulsor lo exponen a la crítica, por lo cual no es debido ignorarlo o desecharlo prejuiciadamente. Cualquiera que sea la actitud que López Obrador suscite en los mexicanos del sector participante, su proyecto, aun ahora en que el proceso electoral está distante, debe ser examinado. Ha puesto sobre la mesa los términos de un debate que no puede ser obviado, porque en ello nos va el futuro. Y no hay retórica tremendista en situarlo de esa manera.

Grave lo ocurrido en San Fernando

De la desaparición a la fosa clandestina
La impunidad que beneficia a los perpetradores de desapariciones auspicia la práctica de ese delito y su frecuente secuela, el homicidio, de que es abrumadora muestra lo que ocurre en San Fernando
Miguel Ángel Granados Chapa
Ciudad de México, México (17-Abr-2011).- 04:40 AM
Hasta el sábado a mediodía se han encontrado 145 cadáveres en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. Pero el número de muertos en la región debe ser mucho mayor, si se considera que 350 personas han solicitado examen de ADN a fin de que se coteje con el de los cuerpos encontrados, y que en la central de autobuses de Matamoros yacen 400 maletas abandonadas, cuyos propietarios no las han reclamado.

Y es que el horror de los cementerios que arrojan cada día más y más cadáveres fue precedido por las tragedias, denunciadas por familiares de personas que cruzaban San Fernando para llegar a la frontera, y que no llegaron a su destino. Algunas de estas denuncias son antiguas: datan de febrero, de abril, de octubre de 2010. Otras son más recientes, de marzo pasado. Pero ninguna fue atendida, ni en los lugares de donde partieron quienes después serían víctimas, ni en Tamaulipas, en cuyas carreteras se produjo la desaparición. No únicamente los deudos de los afectados fueron desatendidos. Los procuradores de varias entidades, lugar de origen de los viajes interrumpidos, tampoco recibieron respuesta de las autoridades tamaulipecas.

Esa indolencia no es privativa de esa entidad. Ante las varias formas de privación ilegal de la libertad que se asestan a cientos, miles de personas, nadie en ningún gobierno se conmueve. Y por lo tanto nadie, en ningún gobierno, actúa para localizar a los desaparecidos. Ése es el caso, prototípico, desgarrador, de Ascensión Candia, cuyo hijo Emmanuel, de 18 años, salió de su casa en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Iba a comprar un refresco, para cenar. Y nunca más volvió. Se supo que él y cinco muchachos más (peones de albañil, ayudantes de electricista, uno vendedor de ropa) fueron subidos a una camioneta y a un automóvil por un grupo de hombres con armas largas. A sus familias les costó trabajo denunciar la desaparición. En la policía municipal se les dijo que "mejor nos regresáramos a la casa, que dejáramos las cosas en paz, porque había sido un levantón". En el Ministerio Público la respuesta fue que "no nos podían ayudar porque no había elementos" y que de plano "los diéramos por muertos".

Luego pasó el tiempo: "Esperábamos que vinieran a preguntarnos cómo habían sido las cosas, qué había pasado, si habían tenido problemas antes, si algún familiar se dedicaba a algo malo... Pero nunca hubo preocupación de nada". Y tampoco se averiguó la causa de su muerte: los cuerpos de los seis levantados aparecieron bajo un puente, "uno sobre otro, vestidos con shorts y playera, atados de pies y manos, con pelotas de goma dentro de la boca, sujetas por una venda" (Reforma, 15 de abril).

La impunidad que beneficia a los perpetradores de desapariciones auspicia la práctica de ese delito y su frecuente secuela, el homicidio, de que es abrumadora muestra lo que ocurre en San Fernando. En agosto del año pasado en ese mismo municipio fueron hallados los cadáveres de 72 migrantes, que desde Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala viajaban hacia la frontera con Estados Unidos. En las fosas halladas en abril aparecieron sobre todo mexicanos, no todos los cuales pretendían internarse en territorio norteamericano, sino adquirir en alguna ciudad de aquel lado vehículos de modelo viejo, desechados y por ello a buen precio.

Así fue asesinado, hace muchos años, Antonio Vargas Hernández, pachuqueño, miembro de la generación 1960 de la escuela nacional de ciencias políticas y sociales. En aquel entonces la CNC ofrecía permisos especiales para importar vehículos de trabajo y él viajó a Matamoros, con la ilusión de encontrar en Brownsville una camioneta pick up con que realizar uno de los muchos sueños con que se entusiasmaba. Lo mataron para despojarlo del dinero con el que haría su compra. Nunca se realizó indagación alguna sobre ese homicidio.

Ese caso particular y el conocimiento histórico permiten saber que la violencia criminal en Tamaulipas ha resultado de la complicidad entre delincuentes y autoridades, que hasta brindaban consideraciones a los jefes de la mafia que al paso de los años se convirtió en eje de la delincuencia orga- nizada. Juan Nepo- muceno Guerra, uno de esos practicantes de negocios ilícitos (contrabando de alcohol a Estados Unidos durante la Prohibición, de drogas en sentido inverso después), creó la ban- da originalmente conocida como cártel de Matamoros, en cuya ampliación cambió de nombre para llamarse cártel del Golfo.

La presencia ni siquiera disfrazada del crimen organizado en Tamaulipas se acrecentó durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, del grupo de amigos del presidente Carlos Salinas, y durante el siguiente, encabezado por Tomás Yarrington, y el siguiente, el de Eugenio Hernández, que está de regreso de unas prolongadas vacaciones después de haber entregado el gobierno estatal a Egidio Torre Cantú.

Éste llegó a la gubernatura porque su hermano Rodolfo, que era el candidato del PRI a ese puesto, fue asesinado el 28 de junio del año pasado, unos días antes de las elecciones. Apenas hubo tiempo para registrar al actual gobernador a fin de que el PRI no perdiera esa plaza. Pero como tampoco lo hizo su antecesor, Torre Cantú no gobierna. Al contrario, parece pasmado ante las evidencias o las intuiciones del poder que privó de la vida a su hermano en un crimen que después de nueve meses permanece impune.

Podría ocurrir lo mismo con las matanzas de San Fernando, la descubierta en agosto y la de hora. Para dar la impresión que no sería así, la procuradora Marisela Morales informó del caso el miércoles pasado. No tiene idea siquiera de la comarca a que se re- fiere. Llamó "poblado" a San Fernando, municipio que según el censo 2010 tiene 58 mil habitantes, de los cuales 30 mil viven en la cabecera municipal, del mismo nombre. Anunció que se ha detenido a 17 personas, a las que no se consignó ante la justicia penal sino sólo se les arraigó, situación jurídica que el Ministerio Público solicita cuando carece de evidencia sólida sobre las imputaciones que pretende hacer. Y anunció la identificación de cuatro presuntos delincuentes más, por cuya cabeza ofreció recompensas millonarias. Por información que conduzca a la localización, detención y/o aprehensión de El Ardilla y El Kilo, la PGR pagará hasta 15 millones de pesos. Hasta 10 por El Coyote. Y hasta 5 por La Muñeca. El Kilo salió ayer mismo de esta oferta, pues su captura fue anunciada por el almirante Saynes, secretario de Marina.

La procuradora también dio cuenta de la detención, sin precisar su situación jurídica, de 16 miembros de la policía municipal de San Fernando, "quienes presuntamente colaboraban dando protección al grupo delictivo denominado 'Los Zetas' y que encubrieron a los responsables que perpetraron el multihomicidio".

Las detenciones fueron practicadas por militares, cuya presencia aumentó en Tamaulipas a raíz de la matanza de agosto, y crecerá aún más en estos días. La actuación castrense ha generado actos doblemente reprobables como el ataque a la familia Almanza Salazar, ocurrido hace un año, donde murieron a balazos dos niños, luego de lo cual se montó un escena para exculpar al Ejército. El miércoles pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió una queja sobre hechos producidos el 1o. de marzo anterior, en que las víctimas fueron agentes de la policía municipal de Nuevo Laredo, dos de ellas mujeres, una de las cuales resultó herida.

De acuerdo con la comisión civil local de derechos humanos que presentó la queja, los oficiales de la dirección de seguridad ciudadana resguardaban una propiedad asegurada por la PGR. Sin causa aparente, militares que circulaban en una camioneta pick up dispararon contra la patrulla donde se hallaban los agentes municipales y en la cual buscaron alejarse del tiroteo. Los miembros del Ejército continuaron disparando y una de las policías municipales quedó herida. En ese momento el agente que manejaba detuvo la patrulla, bajó del vehículo, pidió a los militares que dejaran de disparar y les informó de su compañera herida. Los soldados comprobaron que así era, y se retiraron en sentido opuesto al que siguió la patrulla hasta llegar a un hospital para la atención de la víctima.

Como lo enseña la detención de los agentes de San Fernando, las corporaciones municipales están bajo sospecha. Quizá igual motivo causó el atentado en Nuevo Laredo. Sea de ello lo que fuere, las autoridades aparecen como parte del problema, no de la solución a las tribulaciones tamaulipecas.


miguelangel@granadoschapa.com

La de Granados Chapa

¡Basta de violencias!
Miguel Ángel Granados Chapa
Ciudad de México, México (14-Abr-2011).- 04:40 AM
Se equivoca el presidente Calderón al demandar que la sociedad grite su ¡ya basta! a la delincuencia, en vez de enrostrarlo al gobierno, a los funcionarios. Las bandas de criminales no son interlocutores de la sociedad. Son sus enemigos. No sabríamos, además, a quién dirigir esa exigencia. Los criminales no tienen rostro. Y no podemos, los ciudadanos, demandarles una conducta ética, apegada al derecho, siendo que precisamente han traspasado las barreras morales y jurídicas que permiten la convivencia.

Gritar ¡Ya basta! a la delincuencia sería clamar en el desierto. Nadie nos haría caso, y no tendríamos modo de forzar una respuesta, porque nada tenemos en común con quienes han hecho de la violencia un modo de vida. De los criminales nada podemos esperar, sólo temer su acción.

En cambio, con toda legitimidad los ciudadanos podemos exigir a los gobiernos (federal, estatales, municipales) que cese la generalizada impunidad que es caldo de cultivo de la delincuencia. Con los gobernantes, los gobernados tenemos una relación claramente establecida. Somos interlocutores. Sabemos quiénes son y qué responsabilidades asumieron al ser elegidos o aceptar los cargos a que fueron designados. El ¡Ya basta! implica una exigencia doble. Por un lado, que cese la abulia, la incompetencia o la corrupción que impiden frenar a los delincuentes. Y, por otra parte, que se escoja una estrategia de combate al crimen organizado que alcance realmente sus objetivos y no sólo implique altos costos para la sociedad. La guerra contra las bandas del narcotráfico se inició con el propósito de reducir el volumen del negocio que manejan. Es claro que ese objetivo no se ha logrado. Crece el consumo de drogas en México, y aumenta asimismo el trasiego de estupefacientes a través de nuestro territorio hacia Estados Unidos. Frente a ese fracaso, el costo en vidas humanas suscitado por esa estrategia fallida crece cada día. Y eso, el aumento de la criminalidad, resulta de una deficiencia del Estado, de los gobiernos, el federal especialmente, puesto que ha desplegado fuerzas y recursos de su competencia. ¡Ya basta! de que la policía preventiva sea incapaz de evitar delitos de enorme gravedad. ¡Ya basta! de que, cometidos esos ilícitos, no haya capacidad para castigar a sus autores. Ahora no se acusa a los funcionarios de empuñar las armas contra la población. Sí se le señala por su ineptitud para evitar que los delincuentes actúen con plena libertad. Sí se demanda que cuando haya funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas que atentan contra la población, sean castigados como todos queremos que se haga con los delincuentes vulgares.

Ese grito nace del temor de que la violencia incontenida crezca a niveles aterradores, como ocurre en Tamaulipas, donde cada día aumenta el número de personas asesinadas e inhumadas clandestinamente en fosas de mayor amplitud que el servicio forense del municipio de San Fernando, donde ya no caben los cuerpos rescatados de esos cementerios particulares. En Tamaulipas, hay que permanentemente recordarlo, la delincuencia se alimenta de la impunidad: hace ya más de nueve meses que fue asesinado el candidato del PRI al gobierno del estado, hermano de quien finalmente ocupa ese cargo, y nada se sabe de los autores de ese crimen.

La violencia, insistamos, está directamente asociada a la impunidad. Por eso es exigible que el gobierno del Distrito Federal acometa una averiguación a fondo, si rodeada de escrutinio ciudadano mejor, sobre los graves hechos ocurridos el lunes. Fueron golpeadas personas, varias de ellas en el desempeño de sus funciones como agentes policiacos, bomberos y periodistas. Cinco vehículos fueron quemados en la calle. Y acaso se atacó deliberadamente una instalación eléctrica subterránea en la Ciudad de México que presumiblemente dio lugar a nuevos estallidos, todos los cuales pusieron en alto riesgo vidas y bienes.

La indagación sobre esos hechos debe determinar si constituyeron delitos, en cuyo caso deben establecerse responsabilidades y llevar a proceso a los inculpados. Los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, en torno de cuya movilización se suscitaron los acontecimientos de que hablamos, alegan que los problemas en las instalaciones eléctricas derivan no de acción humana dolosa sino de la vejez de la red en el centro capitalino. Pero si se equivocan y se trata de sabotaje, quienes lo practicaron deben ser castigados, quienes quiera que ellos sean.

El hecho incontrovertible es que hubo violencia. Mucha gente, cuente o no con información del caso, culpa a los electricistas. Uno de los periodistas agredidos, Juan Carlos Santoyo, a quien expreso mi solidaridad por la agresión sufrida, denunció directamente a Martín Esparza, líder del SME, por haber instigado el ataque de que fue víctima. Si la averiguación ministerial determinara que así fue, el dirigente y los autores materiales tendrían que pagar sus acciones. Al contrario, si el propio líder y sus compañeros fueron víctimas de provocadores, éstos deberán ser identificados y llevados a los tribunales.

La guía debe ser la estricta aplicación de la ley. No debe quedar duda de que se incrimina o se protege al SME por razones políticas. Si la dirección sindical hubiera optado por la acción directa, tendría que pagarlo. Pero igual debe ocurrir con quienes, infiltrados en las filas sindicales, tuvieran la encomienda de practicar violencia para que la sociedad denueste a un gremio que debe perseguir sus fines por otros medios.



Cajón de Sastre

Hoy hace 80 años fue proclamada la República española. Nacida por el poder de los votos, sólo pudo ser derrotada por el poder de las armas. El 14 de abril de 1931 el abrumador voto republicano en las elecciones municipales hizo comprender al rey Alfonso XIII que había perdido "el amor de su pueblo", que efectivamente estaba cansado de las dictaduras militares en que descansó la monarquía durante demasiado tiempo. La breve primavera republicana, que apenas duró ocho años, y fue sucedida por el gélido invierno del despotismo franquista, impuso sin embargo su sello de libertades al régimen instaurado tras la muerte del Caudillo. La España vieja no pudo evitar el aire democrático de la Constitución pero es poderosa para impedir la rendición de cuentas históricas que es precisa para la maduración de la convivencia y la consolidación de las autonomías.


miguelangel@granadoschapa.com


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El bebesaurio y las mordidas

Justifica Peña las mordidas
Dice que esta práctica no es privativa del Edomex. Pide Gobernador corresponsabilidad a la ciudadanía para evitar sobornos
Sandra García
(12 abril 2011)

TOLUCA.- Pese a que REFORMA documentó la existencia de un reglamento de tránsito alterado y exhibió un video en el que el director de seguridad pública estatal acepta que se extorsione a los automovilistas, el Gobernador Enrique Peña aseguró ayer que la corrupción no es privativa de su entidad.

"Tenemos que dar esa certidumbre y esas condiciones (de mejoras laborales de los policías) e ir erradicando prácticas que no son de ahora y no son privativas del Estado de México.

"Son prácticas de corrupción que, lamentablemente, se dan en todo el País", justificó.

Ayer, REFORMA dio a conocer un video que exhibe al director de Seguridad Pública y Tránsito de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Rogelio Cortés Cruz, pidiendo a sus subalternos no ser descarados al pedir mordidas con base en un reglamento de tránsito alterado.

Al respecto, Peña aseguró que se abrirá una investigación.

Además, el Mandatario solicitó corresponsabilidad de los ciudadanos para evitar participar en los sobornos.

"Tenemos que hacer un cambio cultural realmente para cambiar estas prácticas lamentables no, insisto, solamente del Estado", dijo el Gobernador.

Pero no fue el único que justificó el accionar del mando policiaco: también el comisionado de la ASE, David Garay, jefe inmediato superior de Cortés Cruz, indicó que mantendrá en su cargo al funcionario mientras dure la investigación, pues consideró que el video difundido por REFORMA no basta para fincar responsabilidades.

"No se separa en este momento del cargo. Está sujeto a investigación, y estamos proporcionando todos los elementos que sirvan para el total esclarecimiento de los hechos", afirmó.

Refirió que algunos avances de la indagatoria marcan que los hechos ocurrieron hace ocho meses, por lo que manifestó su sorpresa de que se ventilen ahora, en año electoral.

"Nos llama la atención que sea precisamente en estas épocas, pero eso no obsta para que nosotros hagamos de este evento como si no pasa nada", afirmó.

En tanto, el Procurador de Justicia mexiquense, Alfredo Castillo, señaló que no puede iniciar de oficio una investigación para indagar el presunto uso de un reglamento de tránsito metropolitano alterado porque, dijo, es imprescindible que haya una denuncia de por medio.

El diputado priista Horacio Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado de México, exigió la renuncia de Cortés Cruz, director de Seguridad Pública y Tránsito de la ASE.

"Sentimos que aquí no debemos tener ningún trámite ni de investigación ni de mucho entendimiento. A confesión de parte, relevo de pruebas. Debe separarse inminentemente del cargo", aseveró el legislador.

Jiménez consideró que el Gobernador Peña Nieto debe solicitar la renuncia del mando policiaco o, de lo contrario, el Congreso estatal tendrá que hacer la petición formal.

La plaza publica de hoy

López Obrador en Edomex
Miguel Ángel Granados Chapa
Ciudad de México, México (12-Abr-2011).- 04:40 AM
La radical oposición de Andrés Manuel López Obrador a las alianzas del PRD con el PAN, apenas atenuada o disimulada en el caso de Oaxaca, y exacerbada en el Estado de México, clausuró esa operación política en esa entidad. A pesar de que el comité estatal perredista había progresado en la alianza con Acción Nacional, y obtenido el apoyo de una mayoría significativa de militantes y simpatizantes a través de una consulta pública, la estructura del PRD, la reciente renovación del Comité Nacional y la decisión de López Obrador se conjuntaron para impedir que los dos principales partidos opositores fueran en coalición a los comicios del 3 de julio.

Ni en el consejo estatal perredista, reunido el jueves en Toluca, ni en el Consejo Nacional, que sesionó el sábado, fue posible que Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional, que unidas predominan en aquella entidad, consiguieran la mayoría calificada de dos tercios, necesaria para consagrar la alianza con Acción Nacional. Sí la obtuvo, en el órgano nacional, la coalición del PRD con el Partido el Trabajo y Convergencia.

La alianza entre PRD y PAN era el método que, si bien no garantizaba el triunfo opositor, lo ponía al alcance de la mano, para asegurar la alternancia en una entidad donde a sus defectos acendrados por la edad agrega el PRI la existencia de una cúpula excluyente y patrimonialista cuyo ejemplo más acabado es Arturo Montiel, autor de los días políticos de Enrique Peña Nieto.

Si esos partidos opositores hubieran actuado juntos en 2005, Peña Nieto no hubiera sido gobernador. Es sólo un modo de decirlo: la suma de los votos del PAN y el PRD hace seis años fue superior a los obtenidos por el PRI. Con el poderoso influjo del dinero, que pagó una de las campañas mediáticas más dispendiosas, Peña Nieto no llegó a la mitad de los votos emitidos. Se quedó en el 47.6 por ciento (1,801,530 sufragios), mientras que el PAN, con un candidato impresentable, Rubén Mendoza Ayala, alcanzó el 24.7 por ciento (936, 615) y la ahora senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz obtuvo un porcentaje casi idéntico, 24.3 por ciento (918,347).

Nadie con mínimo conocimiento electoral supone que una coalición reciba la suma aritmética de los votos depositados en un turno diferente. Una alianza produce un efecto negativo en los sectores más radicales de cada partido coaligado, que tenderán a abstenerse y aun a votar por otro partido. Pero también puede generar, y de hecho así ocurrió por ejemplo en Puebla y Oaxaca, que la alianza suscite el apoyo de más votantes que la suma de los obtenidos en su momento por los partidos actuantes por su cuenta.

Hay que considerar, sin embargo, que la volatilidad del voto mexiquense produjo en los años siguientes muy notorias modificaciones en la posición de los contendientes en el Estado de México. En la elección federal de 2006, un año después de la victoria de Peña Nieto, su partido fue derrotado en toda la línea. En ese momento la Coalición Por el Bien de Todos, integrada por los tres partidos que ahora irán juntos en la contienda local, alcanzó niveles a los que sólo el PRI llegaba. Pero en 2009 ese partido se recuperó, así en los comicios federales en que desplazó casi por completo a la oposición como en los municipales, donde recuperó ayuntamientos que en varios casos habían estado regidos por PAN o por PRD hasta por nueve años. De modo que si bien la estadística estrictamente comparable con la que se producirá este año muestra a un PRI susceptible de ser derrotado, los avances tricolores más recientes lo presentan no como invencible pero sí como crecientemente vigoroso.

En eso radica el próximo desafío de López Obrador, cuya posición es determinante en el Estado de México. Una vez que derrotó a la alianza (lo que en mi opinión es un error), tiene delante de sí el reto de hacer triunfar a la coalición deseable, la de los partidos que lo postularon a la Presidencia de la República hace cinco años. En los dos meses de la breve campaña formal tiene que probar que el caudal incontenible de recursos del PRI puede ser enfrentado y vencido por una campaña de persuasión directa al electorado, tal como en circunstancias diferentes logró en 2009 en la delegación Iztapalapa. Será una operación en extremo difícil, pues no sólo tiene que vencer al PRI sino también al que debió ser su aliado, el panismo que si bien no gobierna ya los prósperos municipios de la zona NZT mantiene en ellos una presencia electoral que ahora no se unirá a la del PRD sino que le significará merma de votos.

Con la decisión perredista de este fin de semana se evitó la consumación de una paradoja, la que hacía que Alejandro Encinas, el preferido entre los opositores, según las encuestas, no fuera candidato, ya que aseguró que no lo sería del PAN ni de una coalición que no incluyera a su partido el PRD. Será un aspirante poderoso, en condiciones superiores a las que enfrentó en 1993, la primera vez que aspiró al gobierno mexiquense (en contienda como ahora con Luis Felipe Bravo Mena). Él mismo ha acrisolado su personalidad política desde entonces, y se ha convertido en uno de los dirigentes perredistas más creíbles y firmes, en un ambiente en que esas prendas escasean. Deberá superar dos obstáculos. Por un lado, el despecho panista que ya prepara el examen de su residencia, algo que no parecía estorbar cuando Encinas parecía posible candidato del blanquiazul a través de la alianza. Y la desmovilización de los perredistas que la propugnaron y no la consiguieron.



Cajón de Sastre

Apenas anteayer, Enfoque, el suplemento político de Reforma, presentó un muy documentado material sobre la militarización, hasta ahora estéril, de las Secretarías de Seguridad Pública estatales. Entre otros ejemplos, se incluyó al general Gastón Menchaca Arias, titular de ese cargo en Morelos desde mayo de 2009. En el reportaje respectivo Andro Aguilar hizo un balance sumario de su gestión: "Morelos, a pesar de la presencia del general Menchaca Arias, es hoy en día prototipo de la inseguridad y la violencia que azota al país". El mismo domingo el general fue removido de su cargo por el gobernador Marco A. Adame. Pero no es esperanzador el dato de que el reemplazante sea el general de división retirado Gilberto Toledano Sánchez, porque era subordinado del funcionario removido, como director general de seguridad privada. Quizá Menchaca se haya ido sin irse.


miguelangel@granadoschapa.com